Abstract
El avance de las políticas urbanas en el marco del derecho a la ciudad y la paulatina inclusión del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, lleva a que cada vez estén más presentes aspectos como la perspectiva de género, la sostenibilidad, la cohesión social o la participación, en suma, la búsqueda de ciudades más inclusivas, más humanas y más habitables. En no demasiado tiempo, se ha pasado de tratar de garantizar el cumplimiento de determinados aspectos en el planeamiento a través de los correspondientes informes, trámite formal desde el punto de vista procedimental, a la inclusión de criterios en los nuevos modelos de desarrollo territorial y urbano con la incorporación de medidas concretas dirigidas a su efectividad. El trabajo se centra por un lado en analizar cuándo es exigible el informe de impacto de género a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y por otro la novedad que supone el expreso reconocimiento en sede jurisdiccional del derecho a la ciudad y el principio de igualdad de trato, inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano y territorial sostenible, así como su paulatina inclusión en los marcos legislativos autonómicos.