Abstract
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la actualidad parece que se pretende impulsar un pacto entre los ciudadanos y los poderes públicos dirigido a conseguir el máximo respeto posible por la legalidad, ofreciendo a los primeros protección. Varias Comunidades Autónomas han legislado recientemente con el cometido de superar las reticencias a denunciar, la Unión Europea acaba de presentar también una propuesta de Directiva en la misma dirección y en el Congreso de los Diputamos tres Proposiciones de Ley se tramitan en estos momentos con idéntica finalidad. Si bien existe una unanimidad sin precedentes respecto al importante papel que podría ejercer el denunciante en la recta aplicación del ordenamiento jurídico y la lucha contra la corrupción, no son pocos los temas que se están abordando de forma ambigua o confusa; por ello, en este estudio nos proponemos identificarlos y realizar algunas propuestas de mejora.