Abstract
Los fondos Next Generation EU, creados por la Unión Europea para la recuperación y la transformación económica tras la epidemia de Covid-19, requieren de una ingente actividad administrativa de los Estados miembros. No sólo de la Administración estatal, sino también las Administraciones autonómicas y locales. Para la gestión de los fondos europeos, el Gobierno español ha dictado el Real Decreto-Ley 36/2020, con numerosas medidas de agilización y simplificación administrativas. El ámbito de aplicación de estas medidas es muy diverso: algunas se aplican a todas las Administraciones públicas; otras sólo a la Administración estatal. Se plantea a partir de aquí en qué medida las distintas normas del Real Decreto-Ley 36/2020 son directa o supletoriamente aplicables a las entidades locales, cuando ejecuten proyectos financiados con los fondos Next Generation EU.