Abstract
La implantación territorial de determinadas instalaciones que, potencialmente, pueden generar mucha riqueza a los municipios donde se ubiquen, provoca frecuentemente controversias entre los diferentes niveles de Administraciones territoriales a la hora de determinar a cuál corresponde su autorización, y en función de qué criterios y título jurídico. Este trabajo analiza algunos ejemplos y propone la consideración de determinados elementos como medio de resolución de las discusiones competenciales.