Abstract
El objetivo de este artículo es contraponer las previsiones relativas a la integridad del procedimiento de contratación que provienen del Derecho Comunitario con el actual régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y determinadas disposiciones relacionadas con la transparencia y buen gobierno que se encentran en fase de elaboración. También persigue realizar una aproximación sobre las implicaciones normativas que conllevan las medidas de las nuevas Directivas sobre contratación pública relativas a transparencia y control de la corrupción, sobre todo en relación con el conflicto de intereses y las conductas ilícitas en este ámbito. Una labor que probablemente permita, además, contribuir a depurar las causas de incompatibilidad, prohibiciones para contratar, y conductas ilícitas en el procedimiento de contratación previsto en el ordenamiento jurídico español.