Abstract
La consideración del valor social en las transacciones con capital público debería ser un garante de mejora en las sociedades actuales. La inclusión de un reconocimiento e impulso de iniciativas de tipo social o medioambiental, por parte de las entidades públicas, en el momento de llevar a cabo concursos, compras o concesión de subvenciones, podría generar un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, objetivo que, sin duda, debería perseguir cualquier Administración Pública. En el presente artículo se revisa de forma comprensiva la situación de las administraciones (local, autonómica y nacional) en España, a la luz de los recientes cambios en la legislación comunitaria sobre contratación pública y, tras elaborar un diagnóstico de situación, se establecen recomendaciones para impulsar la incorporación de valor social a la contratación pública en España.