Abstract
La administración de justicia enfrenta un desafío fundamental al resolver controversias que involucran la diversidad étnica y cultural de la Nación.Este artículo examina la aplicación del enfoque diferencial étnico en las decisiones judiciales, tomando como eje central el análisis de la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018 sobre la delimitación de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. A partir de los mandatos constitucionales del Estado pluralista y los instrumentos inter-nacionales, el estudio explora la ética de la «otredad», el pluralismo jurídicoy el deber judicial de motivar las providencias integrando las cosmovisiones de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. La investigación exponelas tensiones latentes entre la legalidad administrativa y la protección de los espacios teológicos ancestrales, concluyendo con los retos institucionalesindispensables para garantizar una verdadera igualdad material y seguridad jurídica a los grupos étnicamente diferenciados.