Abstract
Este artículo examina la problemática estructural derivada de la divergencia jurisprudencial en Colombia respecto a la identifi cación de la naturaleza jurídica de los bienes rurales en los procesos declarativos de pertenencia. El objetivo central es analizar el confl icto entre las posturasde la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia entorno a la aplicación de las presunciones de bien baldío y propiedad privada. Medianteun análisis jurisprudencial comparativo, se identifica que la colisión de precedentes ha generado inseguridad jurídica, afectando la implementación de la reforma rural integral y el patrimonio público. Los hallazgos destacan que la unificación de criterios en la Sentencia SU-288 de 2022 estableció reglas procesales estrictas y la vinculación obligatoria de la Agencia Nacional de Tierras para determinar la calidad de los predios. La investigación concluyeque, si bien estos avances protegen el régimen de baldíos y el Acuerdo de Paz, la creación de una tarifa legal probatoria basada exclusivamente en el registro de instrumentos públicos podría vulnerar el derecho fundamental a la prueba de poseedores legítimos sin titulación formal. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la capacidad operativa institucional para garantizar la justicia material en el sector agrario.