Abstract
El trabajo sostiene que la validez de las medidas de digitalización judicial no se agota en su cobertura legal ni en su eficiencia operativa, sino que exige un juicio de sostenibilidad integral. A partir de la integración de tres investigaciones previas del autor, se reconstruye la trayectoria normativa colombiana y se identifican tres dimensiones críticas: las garantías procesales, el acceso material y la sostenibilidad fiscal y ambiental. El método es analítico y propositivo, con enfoque mixto, apoyado en el análisis normativo y jurisprudencial y en el uso secundario de datos empíricos previamente recolectados. El resultado es la formulación de un test de proporcionalidad tecnológica de cuatro subreglas: idoneidad técnica verificable, indemnidad de las garantías, no regresión en el acceso y sostenibilidad del ciclo de vida, con orden de precedencia y carga argumentativa reforzada. Se concluye que el estándar ordena la gradualidad que la ley ya exige.