Abstract
La imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad en Colombia enfrenta una profunda tensión entre la garantía de la presunción de inocencia, los fi nes procesales del encarcelamiento cautelar y la crisis de hacinamiento en el sistema penitenciario y de detención transitoria.El presente trabajo analiza la ausencia de un estándar probatorio claro y riguroso para acreditar el periculum libertatis (peligrosidad procesal) en el ordenamiento penal colombiano. A partir de un examen del marco normativo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la doctrina sobre razonamiento probatorio, se aborda el uso de la peligrosidad como un juicio predictivo que exige inferencias probatorias justifi cadas y no meras presunciones o atajos argumentativos basados en la gravedad del delito. Finalmente, se concluye sobre la necesidad de delimitar el nivel de suficiencia probatoria exigible en sede cautelar para evitar que la prisión preventiva se convierta en una sanción anticipada.