Abstract
La mayoría de los derechos reconocidos tanto a nivel constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos están destinados a la protección de bienes privados. A diferencia de ellos, el derecho al ambiente sano asegura a los individuos el disfrute de un bien público. Las características propias de los bienes públicos generan profundos problemas de arquitectura jurídica para un sistema de derechos fundamentales que históricamente fue concebido para la protección de bienes privados y han dado lugar a discusiones sobre la titularidad de este derecho. Este trabajo analiza la posición de Carlos S. Nino a favor de considerar el derecho a un ambiente sano como derecho colectivo y señala los problemas que esta postura genera para el ejercicio y contenido del derecho.