Abstract
El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha transformado el derecho penal y la administración de justicia. Desde la predicción del crimen hasta la toma de decisiones judiciales automatizadas, la IA ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, su implementación plantea serios desafíos en términos de transparencia, sesgos algorítmicos y vulneración de derechos fundamentales. Este artículo analiza los impactos de la IA en el derecho penal y los derechos humanos, destacando la necesidad de un marco regulador ético y garantista que equilibre innovación y justicia. Se propone un modelo de supervisión y auditoría de algoritmos, así como el uso de IA como herramienta de apoyo y no como único criterio en la toma de decisiones judiciales