Abstract
El debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica del proceso de ejecución penal ha sido muy intenso en nuestra doctrina, sobre todo en lo referente a la ejecución de la pena de prisión. Este trabajo pretende sostener la naturaleza jurisdiccional de la ejecución con base en lo establecido en la propia Constitución Española de 1978. Para ello vamos a examinar las características de la función jurisdiccional ―el ejercicio rogado de la ejecución penal, su actuación de modo irrevocable y la existencia de desinterés objetivo en sus resoluciones―, las cuales son plenamente aplicables a las decisiones que adopta el órgano jurisdiccional competente para la ejecución penal.