Abstract
La prisión permanente revisable (PPR) fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, constituyendo una de las reformas penales más controvertidas de la última década. Asimilable a la cadena perpetua revisable de otros sistemas europeos, su introducción respondió a una demanda social de mayor severidad frente a delitos de extrema gravedad. El legislador justificó la PPR como un mecanismo que, sin renunciar a la reinserción social, pretende garantizar la protección de la sociedad ante individuos altamente peligrosos, articulando una privación de libertad de duración indeterminada pero sujeta a revisión judicial tras un periodo mínimo de condena. No obstante, su aprobación generó un intenso debate político, social y doctrinal, cuestionándose su compatibilidad con los principios constitucionales de humanidad de las penas y orientación a la reinserción. El presente estudio realiza un balance crítico de la aplicación de la PPR en España entre 2015 y 2025, en comparación con algunos modelos europeos y a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.