Abstract
El objetivo de este trabajo es analizar las diversas posibilidades de participación activa conferida a las víctimas en la fase de ejecución penal, con independencia de que estén o no personadas en la causa, y examinar, en qué medida, esta novedosa y polémica regulación introducida en nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 13 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, reguladora del Estatuto de la Víctima del Delito, como mecanismo de tutela de sus derechos, es o no compatible con los fines constitucionales de la pena, valorando, hasta qué extremo, puede afectar a la reinserción y rehabilitación social del penado. Además, se estudiará cómo la incorporación de las prácticas restaurativas durante la ejecución, puede contribuir, desde la perspectiva del penado, a la consecución de los fines de la pena impuesta, superando el criticado papel de la víctima como obstáculo para el condenado en su trayectoria de reinserción, y el carácter vindicativo del sistema diseñado en el Estatuto de la víctima.