Abstract
La política de seguridad ciudadana es una política pública sectorial en la que se integran diferentes elementos que inciden en la misma, entre ellos la organización de la administración de justicia, el modelo policial, las prisiones y otros que tienen influencia en el clima de inseguridad que afecta a los ciudadanos, como el urbanismo o la exclusión social. Sin embargo, en materia de seguridad del Estado, algunos países, de manera excepcional, realizan reservas legales, en aras de la defensa de un interés superior. A lo largo de los últimos años se han adoptado diferentes modelos para mejorar la seguridad ciudadana, especialmente el ámbito de la policía. Los principales han sido el modelo de policía legalista, el modelo de vigilancia o control y el modelo de servicio público, que han dado lugar a diferentes enfoques de la actividad policial, ninguno de los cuales se ha demostrado capaz de dar respuesta a todas las demandas de los ciudadanos.