Abstract
La presente investigación examina la regulación de los delitos de odio con especial interés en la modalidad de discurso del odio recogida en el artículo 510 del Código Penal. En este sentido, se presta atención a la injerencia que supone el castigo penal en el ejercicio de la libertad de expresión, y se propone acudir a esta vía en casos de apología expresa de la violencia contra colectivos considerados históricamente vulnerables. Para contrarrestar el resto de mensajes intolerantes se exploran, a continuación, alternativas al proceso penal como la tutela civil y la reparación del daño mediante herramientas propias de la justicia restaurativa. Además, se alude a los medios de comunicación como constructores de la realidad social y a la labor que pueden desempeñar en la creación de un ‘discurso de defensa activo’ de las minorías. Todo ello nos conduce a abordar, en último término, la educación en derechos humanos entendida como un proceso continuo mediante el cual la población es consciente del significado de los derechos adquiridos y aprende a ejercerlos sin dañar al otro. Fomentar este tipo de educación podría resultar más efectivo que las sanciones jurídicas para frenar el odio, y promover una cultura constitucional que favorezca la libertad en igualdad para toda la ciudadanía.