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Abstract
El presente artículo analiza la urgente transición paradigmática que se requiere en el sistema de justicia penal mexicano: dejar de instrumentalizar a la víctima como un frío elemento de prueba procesal para ganar un caso, y comenzar a reconocerla como un sujeto pleno de derechos con dignidad inalienable. A través de una narrativa jurídica pero profundamente humana y social, se examinan las inercias burocráticas y los obstáculos mentales que aún persisten en las fiscalías y judicaturas. A partir de la experiencia en la formación policial y ministerial, el estudio demuestra que no basta con el diseño de leyes avanzadas si el sistema operativo continúa condicionado por la prisa institucional y la tiranía de la estadística. Se concluye en la necesidad de un giro epistemológico que reoriente las políticas públicas hacia un modelo de formación integral, empático y continuo, donde la prioridad del Estado no sea únicamente el castigo punitivo, sino la reparación del daño y la no revictimización de las personas.