Abstract
El Derecho Administrativo, rama del Derecho Público, ha evolucionado junto con la organización del Estado y la relación entre la Administración y los ciudadanos. Sus orígenes se remontan a las primeras formas de organización pública en civilizaciones antiguas, aunque sin una regulación formal. Durante los regímenes absolutistas, el poder estatal era ilimitado y no existían normas que protegieran a los individuos frente a la autoridad. El punto de inflexión surge con la Revolución Francesa de 1789, cuando se establece el Estado de Derecho, sometiendo el poder público a la ley y reconociendo los derechos ciudadanos. Desde entonces, el Derecho Administrativo se consolida progresivamente como sistema normativo autónomo, destinado a organizar la Administración, limitar el poder estatal y garantizar el bien común. Doctrinarios como Hauriou, Duguit, Mayer y Giannini aportan los fundamentos científicos que fortalecen su conceptualización, destacando principios como legalidad, responsabilidad y servicio al interés general. En la actualidad, el Derecho Administrativo se ha transformado por procesos globales, tecnológicos y democráticos, incorporando principios modernos como transparencia, eficiencia, proporcionalidad y buena administración. La digitalización y el gobierno electrónico redefinen su aplicación, exigiendo protección de datos y seguridad jurídica. Su constitucionalización representa su máxima evolución al subordinar toda actuación administrativa a los valores constitucionales y a la tutela efectiva de los derechos fundamentales, configurándolo como instrumento esencial para la justicia, el equilibrio del poder y la protección de los ciudadanos